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viernes, 30 de marzo de 2012

La justicia obliga a OSDE a afiliar a una familia con un integrante con discapacidad (AMPARO, ley 26.682)


Fuente: Poder Judicial de la Nación
Poder Judicial de la Nación
Reg. N°
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2012.
AUTOS Y VISTOS:
Para dictar sentencia en estos autos caratulados “A., L.B. c/ OSDE s/ AMPARO” (Expte n° 2.476/2009) que tramita ante el Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 6, Secretaría N° 12, de los que
RESULTA: a) A fs. 21/29 se presenta y la señora L.B.A. interponiendo acción de amparo contra OSDE SA a fin de obtener su reafiliación y consecuente cobertura de salud como socia del plan 210, así como la de sus hijos C. y A.. Dice que se afilió a OSDE el 1 de marzo de 1989 y que en el año 2000 incorporó a sus hijos mellizos C. y A.. Agrega que C. presenta diagnóstico de Síndrome de Down.
Relata que dio de baja la afiliación por problema económicos y que, cuando pretendió afiliarse nuevamente obtuvo numerosas negativas.
Interpreta que la negativa de la demandada se debe al diagnóstico de su hija.
Funda su derecho y hace reserva del caso federal.
A fs. 41 acompaña documentación.
A fs. 31 la Sra. Defensora asumió la representación promiscua de la niña C. M.E. y a fs. 42 la de A. M.E..
b) A fs. 63 se presenta, mediante apoderado, la OBRA SOCIAL ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS (OSDE) y a fs. 71/76 contesta el informe previsto en el artículo 8 de la ley 16.986 solicitando el rechazo de la acción con costas. Reconoce los hechos relatados, pero niega que la no afiliación se deba a un acto de discriminación. Sostiene que la afiliación es un capricho de la actora.
Argumenta que ninguna ley lo obliga a aceptarlos como afiliados.
Destaca que la actora estuvo afiliada por tres años a la Obra Social del Personal de la Construcción.
Pone de relieve que no existe constancia que los profesionales que atienden a los menores pertenezcan a su cartilla.
Funda su derecho en las leyes 23.660, 23.661, decreto 576/93, Resolución 490/90 INOS, artículo 321 del CPCC, doctrina y jurisprudencia concordantes.
A fs. 161/162 manifiesta que la ley 26.682 no resulta aplicable al caso por ser posterior al inicio de la causa. Califica la solicitud de afliación de la actora de “caprichosa”.
c) A fs. 43 se denegó la medida cautelar y a fs. 53/54 la Sala 2 de la Excma. Cámara revocó la decisión.
A fs. 79 se fijó el plazo de prueba, produciéndose los medios que lucen en las fojas subsiguientes.
A fs. 165/167 dictaminó el Sr. Fiscal Federal y a fs. 169 la Sra.Defensora Oficial, quedando las actuaciones condiciones de dictar sentencia y
CONSIDERANDO:
1.- Que, así expuesta la cuestión a resolver, se encuentra fuera de discusión que la señora L.B. A. ha solicitado su afiliación a OSDE la de sus hijos C. y A. M.E. como socios del plan 210 y que la misma le ha sido denegada. Tampoco se discute que la menor C.M.E. padece de Síndrome de Down (cfr. certificado de fs. 1). 2.- Para resolver la cuestión cabe tener en cuenta que las obras sociales
integran en calidad de agentes (art. 2°, segundo párrafo ), "a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica..." (art. 1°) y tiene como objetivo fundamental "proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud..." (art. 2°, primer párrafo ). En esta línea de ideas, débese apuntar que el Congreso Nacional diseñó específicamente un sistema de prestaciones básicas de atención a cargo de las obras sociales (Art. 1° de la ley 23.660 ) y a favor de personas con discapacidad, "con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos" (conf. arts. 28 de la ley 23.661 y 1° y 2° de la ley 24.901). En función de tales pautas, la negativa de la accionada a la afiliación aparece como irrazonable frente a la ausencia de una prueba concluyente en contrario –que las circunstancias y la envergadura de los derechos en juego imponían- y al ofrecimiento cierto de resguardo del equilibrio patrimonial de la contratación -dado por la disposición de la amparista a abonar las cuotas pertinentes- y fundada sólo por el deseo de desentenderse del tratamiento de la enfermedad padecida por C. (Síndrome de Down), antes que por una decisión de autonomía negocial que las circunstancias de la causa autorizan a desmentir (conf. punto VI, último párrafo, del 3 dictamen del Procurador General en Fallos: 324:677; CNCCFed, Sala 2 en la causa n° 3.014/01 del 24/02/04).
Las obras sociales deben cumplir con el propósito claramente implicado en su adjetivo: su actividad está limitada por él y queda sujeta al control del Estado (Arts. 11, 24, 28 de la ley 23.660). Por su lado, las empresas de medicina prepaga no lucran sino con la salud y asistencia sanitaria de las personas, lo que conduce a atenuar la libertad de contratar en beneficio de esos derechos, sin cuya preservación serían inútiles todos los restantes (Fallos: 324:677).
Por otra parte cabe recordar inicialmente que al momento de pronunciarse los jueces deben atender a las circunstancias existentes (CNCCFed, Sala 2 en las causas n° 6630/98 del 03/12/09 y 2238 /10 del 15/02/11, entre otras), y no median razones para que esa regla -consagrada legislativamente por el artículo 163, inciso 6, del Código Procesal- quede circunscripta a las sentencias definitivas de juicios ordinarios. Por el contrario, es conveniente que en cualquier otra clase de resoluciones sean tenidas en cuenta aquellos hechos sobrevinientes que tengan aptitud para proyectar influencia en el resultado de la cuestión debatida, aunque sean posteriores (confr. CSJN, Fallos 325:2869 y 327:5332; CNCCFed, Sala 2 en las causas 4714/99 del 10/10/06 y 8365/10 del 05/07/11).
En función de ello, no es posible soslayar que el 4 de mayo de 2011 el Congreso Nacional sancionó la ley 26.682, norma promulgada el 16 de dicho mes y año y que -en cuanto aquí interesa- tuvo por objeto regular los planes de adhesión voluntaria que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud contemplados en las leyes 23.660 y 23.661.
Sus previsiones incluyen diversas limitaciones a la amplia libertad de contratación invocada por la demandada, en particular a la posibilidad de rechazar los pedidos de afiliación fundados en razones como la edad del postulante o enfermedades preexistentes (artículos 10 y 11, ley citada). Más allá de las circunstancias particulares que cada caso pudiera presentar, con lo dicho queda claro que en la actualidad el rechazo no puede ser considerado una facultad puramente discrecional de la entidad asistencial, sin perjuicio de recordar que la jurisprudencia ha objetado decisiones de ese tipo cuando mediaba arbitrariedad (CNCCFed, Sala 1 en las causas 1265/02 del 01/10/02 y 4339/01 del 16/07/02).
Por todo lo expuesto, entiendo que corresponde hacer lugar a la acción intentada.
Por todo lo expuesto,
RESUELVO: Hacer lugar a la demanda condenando a OSDE SA a afiliar a la Sra. L.B.A. y a sus hijos C. y A. M.E.. Las costas se imponen a la demandada vencida (Art. 68 del CPCC).
Teniendo en cuenta el mérito, eficacia, extensión de los trabajos realizados, así como la naturaleza de estas actuaciones, el tiempo transcurrido durante la sustanciación del proceso y que prudencialmente se considera a los fines de 4 fijar los emolumentos, regulo los honorarios de la dirección letrada y representación de la actora Dra. E.A. en la suma de TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) (Arts. 6, 7, 9, 10 y 36 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432). Regístrese, notifíquese -al Ministerio Público y a la Sra.Defensora Oficial en su público despacho- y oportunamente, ARCHÍVESE. 

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